2020-02-08 20:33:41 -06:00
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# Metafísicas y tecnologías de la creación
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Según _The Economist_, el recurso más valioso en el mundo ya
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no es el petróleo, sino los datos. La industria más lucrativa
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y de más amplio crecimiento es la relacionada con el control
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y la minería de la información. Alphabet ---antes Google---,
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Amazon, Apple, Facebook y Microsoft son las compañías que más
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beneficios están obteniendo por este tipo de economía. Pero detrás
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de ellos también están otras empresas como Uber, Snapchat, Tesla,
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Vimeo, Adobe y demás corporaciones localizadas en Silicon Valley,
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en California, en Nueva York, en Estados Unidos, Europa o China.
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En la práctica esta industria provee de plataformas, servicios
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y _software_ a sus usuarios de manera gratuita o por «módicos»
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precios. A cambio, estas compañías reciben la información de
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sus usuarios, la cual analizan para mejorar sus productos o venderla
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a terceros. Se trata de un recurso cuya capitalización es relativa
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a su cantidad y calidad. Como individuo tu información valdrá
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unos cuantos centavos, pero como comunidad su valor se incrementa
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casi de manera exponencial, más si detrás de ella existe un _data
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analyst_ que la ha destilado y categorizado.
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Con esta práctica se tiene ya una manera eficiente de crecimiento
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económico: mejores productos es igual a más usuarios; más clientes
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implica más datos; más información ayuda a la optimización y
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generación de más productos; una mayor producción equivale a
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una mayor captación de plusvalía; más capital implica mayor capacidad
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de penetración pública; más público conlleva al crecimiento en
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la cantidad de usuarios. Así de manera cíclica e inagotable dentro
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de un mundo finito.
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Un punto de fuga del reportaje hecho por _The Economist_ es la
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manera en como legalmente es posible este tipo de economía. Entre
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los vericuetos de los términos de servicios muchas veces se garantiza
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que la información generada es del usuario, aunque en la práctica
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se demuestre lo contrario. Como ejemplos están las técnicas de
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_soft delete_, la censura arbitraria de contenidos o el uso de
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la información para otros fines distintos y desconocidos por
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los usuarios que la generan.
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En el lado del cliente existe esa tenue garantía del respeto
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a lo que unos llaman datos o información y, otros, _propiedad_
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o _bienes_ digitales. Sin embargo, del lado del servidor las
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tecnologías y técnicas que hacen posible la masificación de productos
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y servicios digitales se cubren con un velo de misterio. La cantidad
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de personas y comunidades con la capacidad para auditar los modos
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de producción en como estas compañías operan es relativamente
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escaso. No es por falta de preparación o una ausencia abismal
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de recursos técnicos, sino por los armatostes legales que imposibilitan
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el análisis de estas infraestructuras, en lugar de alentar su
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transparencia y debate público.
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No se trata ya de infraestructuras públicas que el Estado distorsiona
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para evitar su correcta evaluación, sino de modos de organización
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y de producción que no son visibles gracias a los mecanismos
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de propiedad intelectual (+++PI+++) ejercidos por diversas compañías
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y que son avaladas, garantizadas y resguardadas por legislaciones
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nacionales e internacionales. Desde los derechos de autor, patentes
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y marcas, pasando por el diseño industrial, las denominaciones
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de origen y los derechos conexos, y hasta los secretos comerciales,
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esta «economía de los datos» asegura su permanencia y expansión
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a través de las legislaciones de +++PI+++ que por un lado permiten
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el uso gratuito de sus productos y servicios, pero por el otro,
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refuerzan la inaccesibilidad a los modos de producción, reproducción,
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distribución y conservación (+++PRDC+++) que los hace posible.
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En 2015 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América
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Latina y el Caribe señaló una balanza «ampliamente deficitaria
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para la región». El déficit para 2013 fue de 9,444 millones de
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dólares, casi el doble del 2005, donde los egresos ascendieron
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a 10,548 millones de dólares y los ingresos solo fueron 1,104
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millones de dólares ---¿qué nos depara para 2020 según esta tendencia?---.
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Esto representa una diferencia de casi 1/9. Por cada dólar que
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se ganó por concepto de derechos de autor, patentes, marcas,
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diseño industrial, denominaciones de origen, derechos conexos
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o secretos comerciales, en América Latina y el Caribe se pagaron
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8.5 dólares por los mismos conceptos.
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No obstante, globalmente en 2013 los ingresos por +++PI+++ llegaron
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a 279,511 millones de dolares, donde 129,178 de ese dinero terminó
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en Estados Unidos, lo que representa el 46% ---¿qué le depara
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a ellos para 2020?---. Es decir, con los puros ingresos de +++PI+++
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de ese año Estados Unidos recaudó 117 veces más que toda América
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Latina y el Caribe. Los egresos de ese año en Estados Unidos
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fueron de 39,016 millones de dólares. Por cada dólar que en Estados
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Unidos se ganó por conceptos de +++PI+++ durante el 2013, este
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país gastó 0.30 dólares por el mismo concepto.
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Esta enorme disparidad entre una y otra región puede tener muchos
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nombres, varios de ellos problemáticos o poco atractivos pero
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que hacen explícito el desbalance que representa la economía
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de la +++PI+++ para América Latina y el Caribe, y la enorme plusvalía
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que esta economía implica para Estados Unidos, la Unión Europea
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o China. Estos términos pueden ser: intercambio desigual, extractivismo,
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colonialismo, imperialismo, capitalismo, entre otros. Úsese o
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acúñese el término que más convenga para describir el fenómeno
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donde la economía de la +++PI+++ genera más del triple de ingresos
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para Estados Unidos al mismo tiempo que representa una pérdida
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de casi nueve veces para América Latina y el Caribe.
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La economía de los datos y de la +++PI+++ no son del todo asimilables.
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Cabe la posilidad de una economía de datos que no requiera el
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uso ni el fortalecimiento de las legislaciones de la +++PI+++.
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Un ejemplo sería el desarrollo de plataformas donde la comunidad
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o los individuos, en lugar de las corporaciones, decidan la manera
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justa de repartición de la plusvalía. Ideas sobre estas «economías
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de red» pueden encontrarse en el _Manifiesto telecomunista_ publicado
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en 2010 por Kleiner.
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Por otro lado, según diversos teóricos de la +++PI+++, la protección
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de este tipo de propiedad solo es posible a través de la «expresión
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concreta de ideas». Es decir, las economías de la +++PI+++ no
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restringen el «libre flujo de ideas», sino sus concreciones.
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Sin embargo, este argumento obvia al menos dos cuestiones. No
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hay consenso sobre qué quiere decir «concretud» ni cuáles son
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los factores que la delimitan. Por otro lado, invisibilza el
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hecho de que, casi sin excepción, el control sobre la «expresión
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concreta» implica también la posibilidad para la aprehensión
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de las ideas a las que da «soporte».
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Estos problemas no son relevantes para quienes están en la búsqueda
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de una teoría de la +++PI+++ ---así es, la +++PI+++ se defiende
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a pesar de que entre diversos investigadores, juristas y economistas
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existe el consenso de que carece de fundamentación o de definición---.
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Entonces, entre las concreciones existen varias que son bienes
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tangibles, en lugar de digitales, como las publicaciones impresas,
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los +++DVD+++, el _hardware_ o incluso el Tequila o la «firma»
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o «marca» de las artesanías elaboradas por comunidades indígenas
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de Oaxaca.
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El nexo entre ambas economías no es circunstancial. La centralización
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de los datos por parte de las compañías y las posibilidades de
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uso que tienen sus usuarios para los productos o servicios que
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les ofrecen están determinadas por los mecanismos de protección
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a la +++PI+++. Los mismos dispositivos que aparentemente protegen
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el contenido generado por los usuarios como _propiedad_ suya,
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también permite que la infraestructura quede afuera de su alcance.
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El resultado que se tiene con esto es un acceso sobre el producto,
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pero no sobre la infraestructura de la producción ni de su organización.
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Como consecuencia, el usuario carece de mecanismos democráticos
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que permitan su participación en la manera en como se despliegan
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las tecnologías y técnicas desarrolladas por la industria. La
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intervención estatal también queda limitada, ya que las actuales
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legislaciones de la +++PI+++ suponen que esta es propiedad privada.
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El Estado supuestamente tiene la responsabilidad de velar por
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su protección y su regulación, pero carece de facultades para
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intervenir de manera directa sobre su gestación.
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La dependencia tecnológica y técnica hacia los dueños de los
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medios de producción, como sucede con los usuarios de _software_
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o de plataformas propietarias, no es un fenómeno reciente. Walter
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Benjamin ya en 1934 en _El autor como productor_ alertaba sobre
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la necesidad de que el trabajo intelectual dejara de limitarse
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a la elaboración de productos y se enfocara en la función organizadora
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de los medios de producción.
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No obstante, Benjamin también resaltó un problema en esta tarea.
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Las personas que por lo general llevan a cabo este trabajo tienden
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a autodenominarse de izquierda, pero la mayoría de las veces
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provienen de una izquierda burguesa o son aspirantes a la burguesía.
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Por ello, debido a la falta de cuestionamiento de su propia clase
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o a su falsa conciencia de clase, no importa qué tanto se propaguen
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los motivos revolucionarios, los aparatos de producción no podrán
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ser enajenados de la clase dominante por los compromisos y los
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intereses que los intelectuales y artistas tienen con ella.
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Schroeder, una prominente teórica de la +++PI+++, indica que
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la +++PI+++ es la apropiación por excelencia en las sociedades
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capitalistas contemporáneas.
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