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Metafísicas y tecnologías de la creación
Según The Economist, el recurso más valioso en el mundo ya no es el petróleo, sino los datos. La industria más lucrativa y de más amplio crecimiento es la relacionada con el control y la minería de la información. Alphabet ---antes Google---, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft son las compañías que más beneficios están obteniendo por este tipo de economía. Pero detrás de ellos también están otras empresas como Uber, Snapchat, Tesla, Vimeo, Adobe y demás corporaciones localizadas en Silicon Valley, en California, en Nueva York, en Estados Unidos, Europa o China.
En la práctica esta industria provee de plataformas, servicios y software a sus usuarios de manera gratuita o por «módicos» precios. A cambio, estas compañías reciben la información de sus usuarios, la cual analizan para mejorar sus productos o venderla a terceros. Se trata de un recurso cuya capitalización es relativa a su cantidad y calidad. Como individuo tu información valdrá unos cuantos centavos, pero como comunidad su valor se incrementa casi de manera exponencial, más si detrás de ella existe un data analyst que la ha destilado y categorizado.
Con esta práctica se tiene ya una manera eficiente de crecimiento económico: mejores productos es igual a más usuarios; más clientes implica más datos; más información ayuda a la optimización y generación de más productos; una mayor producción equivale a una mayor captación de plusvalía; más capital implica mayor capacidad de penetración pública; más público conlleva al crecimiento en la cantidad de usuarios. Así de manera cíclica e inagotable dentro de un mundo finito.
Un punto de fuga del reportaje hecho por The Economist es la manera en como legalmente es posible este tipo de economía. Entre los vericuetos de los términos de servicios muchas veces se garantiza que la información generada es del usuario, aunque en la práctica se demuestre lo contrario. Como ejemplos están las técnicas de soft delete, la censura arbitraria de contenidos o el uso de la información para otros fines distintos y desconocidos por los usuarios que la generan.
En el lado del cliente existe esa tenue garantía del respeto a lo que unos llaman datos o información y, otros, propiedad o bienes digitales. Sin embargo, del lado del servidor las tecnologías y técnicas que hacen posible la masificación de productos y servicios digitales se cubren con un velo de misterio. La cantidad de personas y comunidades con la capacidad para auditar los modos de producción en como estas compañías operan es relativamente escaso. No es por falta de preparación o una ausencia abismal de recursos técnicos, sino por los armatostes legales que imposibilitan el análisis de estas infraestructuras, en lugar de alentar su transparencia y debate público.
No se trata ya de infraestructuras públicas que el Estado distorsiona para evitar su correcta evaluación, sino de modos de organización y de producción que no son visibles gracias a los mecanismos de propiedad intelectual (+++PI+++) ejercidos por diversas compañías y que son avaladas, garantizadas y resguardadas por legislaciones nacionales e internacionales. Desde los derechos de autor, patentes y marcas, pasando por el diseño industrial, las denominaciones de origen y los derechos conexos, y hasta los secretos comerciales, esta «economía de los datos» asegura su permanencia y expansión a través de las legislaciones de +++PI+++ que por un lado permiten el uso gratuito de sus productos y servicios, pero por el otro, refuerzan la inaccesibilidad a los modos de producción, reproducción, distribución y conservación (+++PRDC+++) que los hace posible.
En 2015 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe señaló una balanza «ampliamente deficitaria para la región». El déficit para 2013 fue de 9,444 millones de dólares, casi el doble del 2005, donde los egresos ascendieron a 10,548 millones de dólares y los ingresos solo fueron 1,104 millones de dólares ---¿qué nos depara para 2020 según esta tendencia?---. Esto representa una diferencia de casi 1/9. Por cada dólar que se ganó por concepto de derechos de autor, patentes, marcas, diseño industrial, denominaciones de origen, derechos conexos o secretos comerciales, en América Latina y el Caribe se pagaron 8.5 dólares por los mismos conceptos.
No obstante, globalmente en 2013 los ingresos por +++PI+++ llegaron a 279,511 millones de dolares, donde 129,178 de ese dinero terminó en Estados Unidos, lo que representa el 46% ---¿qué le depara a ellos para 2020?---. Es decir, con los puros ingresos de +++PI+++ de ese año Estados Unidos recaudó 117 veces más que toda América Latina y el Caribe. Los egresos de ese año en Estados Unidos fueron de 39,016 millones de dólares. Por cada dólar que en Estados Unidos se ganó por conceptos de +++PI+++ durante el 2013, este país gastó 0.30 dólares por el mismo concepto.
Esta enorme disparidad entre una y otra región puede tener muchos nombres, varios de ellos problemáticos o poco atractivos pero que hacen explícito el desbalance que representa la economía de la +++PI+++ para América Latina y el Caribe, y la enorme plusvalía que esta economía implica para Estados Unidos, la Unión Europea o China. Estos términos pueden ser: intercambio desigual, extractivismo, colonialismo, imperialismo, capitalismo, entre otros. Úsese o acúñese el término que más convenga para describir el fenómeno donde la economía de la +++PI+++ genera más del triple de ingresos para Estados Unidos al mismo tiempo que representa una pérdida de casi nueve veces para América Latina y el Caribe.
La economía de los datos y de la +++PI+++ no son del todo asimilables. Cabe la posilidad de una economía de datos que no requiera el uso ni el fortalecimiento de las legislaciones de la +++PI+++. Un ejemplo sería el desarrollo de plataformas donde la comunidad o los individuos, en lugar de las corporaciones, decidan la manera justa de repartición de la plusvalía. Ideas sobre estas «economías de red» pueden encontrarse en el Manifiesto telecomunista publicado en 2010 por Kleiner.
Por otro lado, según diversos teóricos de la +++PI+++, la protección de este tipo de propiedad solo es posible a través de la «expresión concreta de ideas». Es decir, las economías de la +++PI+++ no restringen el «libre flujo de ideas», sino sus concreciones. Sin embargo, este argumento obvia al menos dos cuestiones. No hay consenso sobre qué quiere decir «concretud» ni cuáles son los factores que la delimitan. Por otro lado, invisibilza el hecho de que, casi sin excepción, el control sobre la «expresión concreta» implica también la posibilidad para la aprehensión de las ideas a las que da «soporte».
Estos problemas no son relevantes para quienes están en la búsqueda de una teoría de la +++PI+++ ---así es, la +++PI+++ se defiende a pesar de que entre diversos investigadores, juristas y economistas existe el consenso de que carece de fundamentación o de definición---. Entonces, entre las concreciones existen varias que son bienes tangibles, en lugar de digitales, como las publicaciones impresas, los +++DVD+++, el hardware o incluso el Tequila o la «firma» o «marca» de las artesanías elaboradas por comunidades indígenas de Oaxaca.
El nexo entre ambas economías no es circunstancial. La centralización de los datos por parte de las compañías y las posibilidades de uso que tienen sus usuarios para los productos o servicios que les ofrecen están determinadas por los mecanismos de protección a la +++PI+++. Los mismos dispositivos que aparentemente protegen el contenido generado por los usuarios como propiedad suya, también permite que la infraestructura quede afuera de su alcance.
El resultado que se tiene con esto es un acceso sobre el producto, pero no sobre la infraestructura de la producción ni de su organización. Como consecuencia, el usuario carece de mecanismos democráticos que permitan su participación en la manera en como se despliegan las tecnologías y técnicas desarrolladas por la industria. La intervención estatal también queda limitada, ya que las actuales legislaciones de la +++PI+++ suponen que esta es propiedad privada. El Estado supuestamente tiene la responsabilidad de velar por su protección y su regulación, pero carece de facultades para intervenir de manera directa sobre su gestación.
La dependencia tecnológica y técnica hacia los dueños de los medios de producción, como sucede con los usuarios de software o de plataformas propietarias, no es un fenómeno reciente. Walter Benjamin ya en 1934 en El autor como productor alertaba sobre la necesidad de que el trabajo intelectual dejara de limitarse a la elaboración de productos y se enfocara en la función organizadora de los medios de producción.
No obstante, Benjamin también resaltó un problema en esta tarea. Las personas que por lo general llevan a cabo este trabajo tienden a autodenominarse de izquierda, pero la mayoría de las veces provienen de una izquierda burguesa o son aspirantes a la burguesía. Por ello, debido a la falta de cuestionamiento de su propia clase o a su falsa conciencia de clase, no importa qué tanto se propaguen los motivos revolucionarios, los aparatos de producción no podrán ser enajenados de la clase dominante por los compromisos y los intereses que los intelectuales y artistas tienen con ella.
Schroeder, una prominente teórica de la +++PI+++, indica que la +++PI+++ es la apropiación por excelencia en las sociedades capitalistas contemporáneas.